Polinotas


Lo que no entendemos sobre la presión internacional en el tema de los secuestrados by guerrerojcdl
abril 11, 2008, 11:53 am
Filed under: General

Juan Carlos Guerrero Bernal

La internacionalización del problema de los secuestrados ha puesto en evidencia un hecho aparentemente paradójico: aunque las FARC sean las principales responsables del cautiverio de militares, policías, políticos y personas del común, las presiones internacionales que exigen la liberación de los secuestrados han recaído igualmente, y varias veces con mayor énfasis, sobre el gobierno colombiano. En nuestro país, este hecho no se entiende bien, sobre todo porque se piensa que la presión internacional debería ser ejercida única y exclusivamente sobre las FARC.

Para muchos colombianos, la percepción romántica de la guerrilla o la incomprensión total de la realidad colombiana por parte de los observadores extranjeros parecen ser las únicas explicaciones a esas presiones mal orientadas. Y ciertamente, entre los extranjeros que ocasionalmente observan nuestra situación, puede haber personas “idealistas” o poco conocedoras de nuestros problemas. Pero este no es precisamente el perfil de las personas que hoy en día hacen parte de los comités internacionales que exigen la liberación de Ingrid y la de los demás secuestrados. Hace ya varios años que esas personas están movilizándose y, por esa razón, ya no son simples espectadores ocasionales del conflicto colombiano. Al contrario, esas personas se informan contidianamente sobre lo que acontece en Colombia desede hace un buen tiempo y, de esa manera, han ido conociendo con cierta sensatez los diferentes flagelos que nos aquejan.

Si esto es así, algunos podrían preguntarse lo siguiente: ¿Por qué la revelación de pruebas de vida de los secuestrados y la liberación de algunos de ellos no se han convertido, por un lado, en un costo político para las FARC, y por el otro, en un estímulo para presionar con más fuerza a la guerrilla y con menos intensidad al gobierno? ¿Por qué la presión internacional sobre el gobierno no ha cesado? ¿Y por qué para el gobierno ha sido tan difícil tener un margen de maniobra amplio en el escenario internacional con respecto a este tema?

Para responder a tales preguntas es preciso analizar la manera como el gobierno y la guerrilla han manejado en la escena internacional el problema de los secuestrados. También es preciso observar la manera como los ciudadanos extranjeros comprometidos con la liberación de los secuestrados perciben el asunto.

El gobierno, hay que decirlo, ha lanzado mensajes equivocados y contradictorios a la opinión pública internacional. Por un lado, la firmeza y el compromiso extremos del Presidente Uribe con su política de seguridad democrática han proyectado en el exterior una imagen autoritaria, inflexible y, en algunas ocasiones, hasta militarista del régimen político colombiano. Por otro lado, los gestos esporádicos del Presidente en favor del acuerdo humanitario han perdido credibilidad, puesto que en múltiples ocasiones el mandatario ha dado marcha atrás de manera abrupta y radical en sus propuestas. Esos gestos son percibidos afuera cada vez más como una maniobra de comunicación política, desprovista de una verdadera voluntad política. Parecen simples estratagemas que prueban hasta qué punto la prioridad del gobierno es su política de mano fuerte contra la guerrilla, y no la suerte de los secuestrados.

La calificación recurrente de las FARC como un grupo terrorista y la analogía con los campos de concentración nazis tampoco han sido una estrategia muy efectiva para desacreditar a la guerrilla en el escenario internacional. En el extranjero no es claro, y a veces se ve con cierta suspicacia, el hecho de que el Presidente tenga que realizar semejante esfuerzo de retórica para deslegitimar a la guerrilla, en vez de dejar que la guerrilla se deslegitime por sus propios actos. La referencia a los campos de concentración nazis no ha sido por demás tomada con mucha seriedad, especialmente en Europa. Simplemente porque, para los europeos, la exterminación del pueblo judío no corresponde precisamente con la realidad de las personas secuestradas en Colombia, aunque las dos sean situaciones muy dramáticas.

Las FARC, en cambio, han tenido suerte y han sido hábiles en el manejo de la opinión pública internacional. Por un lado, han logrado, en varias ocasiones, que la responsabilidad de la vida de los secuestrados recaiga con mucha fuerza sobre el gobierno colombiano. Por otro lado, han logrado que no se debata demasiado sobre las condiciones de retención de los secuestrados.

Para responsabilizar al gobierno respecto a lo que pueda acontecer con los secuestrados, la guerrilla sólo ha tenido que limitarse a sostener de manera permanente su “disposición” a realizar el acuerdo humanitario. Eso sí, señalando al mismo tiempo que el principal obstáculo para lograr tal propósito es la reticencia del Presidente colombiano a despejar los municipios de Pradera y Florida. Este logro de la guerrilla no parece ser el resultado de una estrategia bien calculada, sino más bien una consecuencia azarosa de su tradicional intransigencia. Paradójicamente, la posición inamovible de las FARC frente al acuerdo humanitario y al despeje, las hace aparecer en el exterior, muchas veces, más coherentes y un poco más dispuestas que el propio gobierno a negociar la liberación de los secuestrados. Sobre todo, cuando, como ya se señaló, las posturas del gobierno – dubitativas y volubles – lo hacen aparecer en varias ocasiones poco sincero y poco dispuesto a hacer hasta lo imposible por liberar a los secuestrados.

Para evitar el debate sobre las condiciones de detención de los secuestrados, las FARC se han abstenido de proporcionar demasiadas pruebas de vida de las personas retenidas. Fundamentalmente porque es claro que dichas pruebas ponen en evidencia, tanto dentro como fuera de Colombia, la insensibilidad de la guerrilla. Por eso, aunque no parezca, el cálculo político debe haber estado siempre presente, cada vez que las FARC han decidido difundir pruebas de vida (o de agonía) de los secuestrados. Quizás sea difícil entender cómo la guerrilla puede atreverse a dar semejante testimonio público de su inhumanidad, tal y como ocurrió con el video y la carta de Ingrid. Sin embargo, la revelación de las pruebas de vida no constituyeron en suma un costo político para las FARC, sino más bien un rédito. Las carta de Ingrid y las imágenes de los secuestrados condujeron en realidad a convertir la liberación de los cautivos en un asunto humanitario de “extrema urgencia”, especialmente en el exterior. Es claro que la situación de urgencia conllevó a incrementar las exigencias sobre ambas partes para lograr la liberación pronta de los secuestrados. Pero, ante la dificultad de los contactos con las FARC, la urgencia supone sobre todo una presión adicional para que el gobierno conceda el despeje por “razones humanitarias”, algo que es bien difícil de rechazar. Además, el beneficio político para las FARC se capitalizó plenamente con la liberación unilateral de algunos secuestrados, pues, en ese momento no sólo el turno de un gesto para resolver el problema volvió a quedar en el campo del gobierno, sino que además se creó la percepción de que la mediación del Presidente Chávez y de Piedad Córdoba – interrumpida abruptamente por el presidente colombiano – si habría podido brindar sus frutos.

Para terminar, miremos la percepción general del problema para la mayoría de las personas que en el extranjero militan por la liberación de los secuestrados. No es cierto que estos militantes no entiendan varias de las cuestiones que están en juego con la eventual desmilitarización de Pradera y de Florida. Simplemente, para ellos, un despeje “temporal”, concebido tan solo para liberar a lo secuestrados, no debería necesariamente ir en detrimento de la soberanía colombiana, ni representar una ventaja política desmesurada para la guerrilla. Es por eso que pocos militantes entienden la reticencia casi generalizada de los colombianos frente al despeje. Para ellos, el gobierno debería acceder a las exigencias de la guerrilla, pues la vida de los secuestrados se encuentra por encima de cualquier otra consideración.

Esta posición sólo puede entenderse si se tiene en cuenta el imaginario cultural de los ciudadanos que viven en países donde los Estados son sólidos y no precarios, como en Colombia. En otras culturas democráticas, la responsabilidad de un gobierno en lo que se refiere a la garantía de la vida y los derechos de todos los individuos, sin excepción alguna, es un principio que no admite reservas, ni bemoles. Así, para los extranjeros que militan por la liberación de Ingrid y los demás secuestrados, si el Estado colombiano quiere demostrar su superioridad ética, entonces tendría que actuar de manera totalmente diferente a la guerrilla. Esto quiere decir, privilegiando las soluciones negociadas y poniendo por encima de todo la vida de los secuestrados.

Los ciudadanos extranjeros que luchan por la liberación de los secuestrados, tampoco desconocen del todo los obstáculos puestos por la guerrilla a la solución del problema. Ellos también se han cuestionado sobre la voluntad de las FARC en este asunto, preguntándose porqué la desmilitarización de Pradera y Florida es una condición inamovible para celebrar el acuerdo humanitario. Es decir, por qué la liberación no podría tener lugar en un territorio despoblado, tal y como lo propuso el gobierno colombiano con su planteamiento de una “zona de encuentro”. Desafortunadamente estos cuestionamientos no pueden ser expresados, ni planteados fácilmente en público. Simplemente porque presionar al gobierno colombiano resulta más práctico, más sencillo y más eficaz en términos de resultados que hacerlo sobre las FARC. Mientras las FARC sigan en la selva y por fuera de todo dispositivo de negociación, con verificación y observadores internacionales, el gobierno colombiano estará mucho más expuesto a la presión internacional. También estará más obligado, expuesto y constreñido a justificarse y a dar cuenta de sus acciones e inacciones en el escenario público internacional. Y es partiendo de esta realidad evidente, y con sentido méramente pragmático, que el gobierno debía entrar a considerar las ventajas que a él mismo le daría una eventual zona de despeje.


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