Nadie más que Pervez Musharraf para entender la importancia de quedarse en su país cuando su situación política es incierta. El 12 de octubre del 1999, el entonces jefe del ejercito pakistaní estaba de viaje en el exterior cuando el primer ministro Nawaz Sharif lo destituyó. Apenas se enteró, Musharraf se devolvió en un vuelo comercial y después de una abortada tentativa de desvío aéreo por parte del ejecutivo, finalmente logró aterrizar ese día en Karachi. Esa fue la rocambolesca historia del último golpe de Estado en Pakistán, que llevo al poder el general Musharraf hace ya casi nueve años.

Seguramente, el presidente Musharraf recordó el episodio cuando tomó la decisión de cancelar su viaje a Beijing, pues planeaba asistir a la ceremonia de apertura de los juego olímpicos. El presidente enfrenta esta vez un proceso de destitución que fue propuesto por la coalición gubernamental en el poder el lunes pasado, como regalito de cumpleaños para Musharraf, quien celebró ese mismo día sus 65 años.

Y nadie más que Pervez Musharraf para amarrarse al poder, a pesar de que todos – los pakistaníes, los medios y la oposición local, hasta buena parte de la comunidad internacional – han entendido que ha llegado la hora de retirarse para el presidente de Pakistán. La impopularidad de Musharraf alcanza tazas inéditas: el 85% de sus ciudadanos, según las últimas encuestas. Los pakistaníes no le perdonan a su jefe de Estado sus maniobras para quedarse en el poder. A finales del año pasado, el entonces general fue reelegido sin sorpresas por los parlamentarios del país. Faltaba el pronunciamiento de la corte suprema sobre la validez de este voto; pues, no lo esperó. El 3 de noviembre, proclamó el Estado de Emergencia, despidió al juez, cabeza de la Corte Suprema de Justicia y a sesenta de sus colegas, para reemplazarlos con otros jueces más dóciles. Eso, sin contar con las restricciones a los medios de comunicación, nacionales o extranjeros. Pocos días después, se retiró del ejercito para poner al día siguiente el traje de presidente civil.

Pakistán resulta ser tristemente uno de estos países paralizados por el devenir de uno solo de sus ciudadanos, su presidente. Mientras el país enfrenta graves problemas económicos y de seguridad, el futuro político de Musharraf ocupa toda la atención de la clase política, del gobierno y de una parte de la opinión publica. En febrero, ya unos parlamentarios pidieron la destitución del presidente. En mayo, varias rumores de dimisión circularon en los medios pakistaníes. Se habló también de la posibilidad de abrirle un pasaje seguro al extranjero y, en junio, 40 000 personas manifestaron en el país, pidiéndole al presidente que se vaya, por favor.

Aún peor, la coalición gubernamental, que resultó de las elecciones de febrero, ganadas por la oposición política, se desgarró seis semanas después de su constitución; justamente por la actitud a tener frente al presidente. A la cabeza de esta coalición, está el Partido del Pueblo Pakistaní (PPP), con Asif Zardari, el esposo de Benazir Bhutto, líder histórica asesinada a finales del año pasado. Zardari heredó la dirección del partido y encabezó la campaña para las elecciones. El comparte hoy el poder con el mismo Nawaz Sharif, el primer ministro quien fue arrestado en 1999 en el momento del golpe de Estado de Musharraf. Sharif volvió al país después del exilio consecutivo al golpe, y retomó su papel político a la cabeza de su partido, la Liga Musulmana del Pakistán – Nawaz (LMP-N). Zardari y Sharif vencieron en las elecciones de febrero frente al partido de Musharraf, y desde entonces se reparten el poder en una coalición muy débil.

Desde que llegaron a compartir el poder ejecutivo, los dos hombres, antiguos enemigos políticos, se la pasaron peleando sobre la actitud a tener frente a Musharraf. Zardari prefería guardarlo a la cabeza del país, pero debilitado y con poderes limitados, para no tener que enfrentar una crisis constitucional. Sharif pedía su cabeza. Otro punto de disputa entre ellos fue la situación de los jueces despedidos por el presidente. Sharif reclamaba su reinstalación pero Zardari no quería eso, pues estos mismos jueces lo condenaron por asuntos de corrupción.

Para hacerse escuchar, Sharif se retiró en mayo de la coalición, junto con sus nueve ministros – incluyendo el de Finanzas, mientras la inflación alcanzaba el 25% y la bolsa de Karachi iba por los suelos. Desde entonces, los ministros no han sido reemplazados; sus puestos fueron congelados mientras se espera que Sharif vuelva a la coalición. Éste dijo que volverá después de la destitución de Musharraf y de la reinstalación de los jueces, para cumplir con sus promesas electorales.

Finalmente, los dos hombres se pusieron de acuerdo la semana pasada, después de tres días encerrados a negociar. Zardari y Sharif anunciaron el 7 de agosto en una rueda de prensa el lanzamiento del proceso de destitución del presidente, por parte del parlamento, como lo autoriza la constitución. Y una vez destituido Musharraf, los jueces destituidos de la corte suprema podrán retomar sus posiciones. El 11 de agosto, los partidos en el poder presentaron a los congresistas el acto de acusación, por “mala administración y violación de la constitución”. Se necesitan dos tercios de los votos de las dos cámaras reunidas para aprobar la destitución. Si eso llega a pasar, será la primera vez en la historia del país que un presidente cae por este medio.

Quien sabe cuanto tiempo se va a demorar el proceso de impeachment. La democracia pakistaní, cada día más incierta, queda totalmente bloqueada por la situación de Musharraf. El no ha reaccionado todavía. Le queda la posibilidad de disolver el parlamento, pero él mismo debe conocer el riesgo de llegar a este extremo. Pakistán, país que detiene el arma nuclear, quedaría sin gobierno, con un jefe de Estado ilegitimo, probablemente en medio de un caos amotinador, y a la merced de las fuerzas fundamentalistas que siguen luchando en el noroeste del país, a la frontera con Afganistán. El New York Times, en uno de sus editoriales de la semana pasada, lo resume todo: “Pervez Musharraf le haría un gran favor a todos si decidiera renunciar y abandonar la política”.

Charlotte de Beauvoir

Le religión, estos días, decidió meterse en la política. Después de ver a Uribe de rodillas por todas partes, el nuevo escenario de esta mezcla indeseable, según las noticias, se ubica en Turquía.

Pero, si acá se pide respetar la laicidad infundida en la constitución, allá pasa lo contrario; son los laicos que ponen en jaque las instituciones nacionales.

El tema de la religión, o más bien de la ausencia de la religión en los asuntos estatales, data de los origines mismos de la nación Turca. Cuando, en 1923, Mustafa Kemal funde la Republica sobre las cenizas del Imperio Otomano, el adopta como principio fundador la secularidad, o sea, la independencia de los asuntos públicos en relación con los religiosos.

Así pasaron los años en la republica turca: las elites laicas mandando a la cabeza del poder y los militares guardando celosamente la laicidad nacional. Eso fue sin contar con las sorpresas que trae el juego democrático. En este país que cuenta con el 99% de musulmanes en su población, terminó por ganar en las elecciones un partido islámico, el AKP (partido de justicia y desarrollo).

Hubo el año pasado toda una crisis nacional, entre pro-laicos y pro-AKP, que, después de muchas manifestaciones, se acabó con elecciones anticipadas, las cuales confirmaron la victoria del AKP en las urnas.

Esta legitimidad democrática no pareció satisfacer a los laicos. Un juez atacó al partido después de la adopción de una ley que suprimió la interdicción para las mujeres de ir a la universidad la cabeza cubierta de un pañuelo. El juez llevo el caso hasta la corte constitucional e pidió la supresión del AKP, por “actividades anti-laicas”.

Este miércoles, se pronunciaron los jueces constitucionales, y solo faltó un voto para prohibir el partido. Sin embargo, de 11 votos, 10 reconocieron el partido culpable y los jueces tomaron la decisión de sancionar económicamente al partido, cortándole la mitad de sus recursos estatales.

¿Qué hubiera pasado si el partido en el poder había sido suprimido? ¿En que lío institucional estaría hoy Turquía?

Los laicos turcos creen que el AKP tiene una agenda islamista escondida y por eso actúan de manera tan agresiva – pero el primer ministro Erdogan y el presidente Gül, en sus discursos, defienden el secularismo turco, y a la vez acuerdan que este secularismo debe también “garantizar la libertad de religión y de conciencia”.

Resulta, entonces, que los fundamentalistas en Turquía no son los islámicos pero los laicos. Que, por no dejar a las estudiantes que lo quieren cubrirse de un pañuelo para ir a clases, casi armaron una crisis institucional sin precedentes en el país. Los kemalistas que defienden en laicismo ya pasaron la línea, y llegaron al punto de un fundamentalismo excluyente, que puede poner en jaque la evolución democrática del país.

Charlotte de Beauvoir