Por Juan Carlos Guerrero

La muerte de Manuel Marulanda es un hecho que tendrá una trascendencia indudable. No tanto desde un punto de vista militar, pues el legendario jefe de las FARC, más que un guerrero imprescindible, era un símbolo de la guerrilla. En efecto, Marulanda encarnaba la unidad del movimiento armado. El no era únicamente el jefe máximo, respetado y admirado por muchos guerrilleros. El simbolizaba también la vieja resistencia campesina y la guerrilla rural, lo que constituye buena parte del imaginario alrededor del cual se ha forjado la historia y la identidad de este grupo armado.

Es muy probable que la muerte del mítico jefe produzca júbilo en una opinión pública mayoritariamente hastiada de la lucha subversiva. Sobre todo si, como es de esperarse, el gobierno colombiano convierte este acontecimiento en un nuevo parte de victoria de la política de seguridad democrática. Es claro que, independientemente de que la causa de la muerte haya sido natural (un paro cardíaco) o el producto de una operación militar (un nuevo bombardeo), las Fuerzas Militares y el gobierno presentarán el hecho como un “golpe crucial” a las FARC.

Este golpe es fundamentalmente de carácter simbólico. Pero no cabe duda de que tendrá efectos en la organización y los modos de operar de las FARC. La tendencia a la independencia de los frentes, que ya era un hecho desde hace más de una década, va seguramente a reforzarse. Hace ya varios años que los frentes de las FARC gozan de autonomía financiera, de manera que cada uno decide, sin rendir mayores cuentas al Secretariado, cómo sostenerse, es decir, hasta qué punto recurrir a los secuestros, la extorsión y el tráfico de la droga. Los testimonios de los guerrilleros desmovilizados dan cuenta de la existencia de frentes ricos y boyantes, y de otros pobres y en franca decadencia (muchos de los cuales han incluso desaparecido). Parece ser que los frentes cuyos miembros están más politizados son los más pobres, mientras que los que han dejado la política en un segundo plano son los más ricos.

Con la muerte de Marulanda, el Secretariado puede perder fuerza, y las tendencias centrífugas pueden reforzarse. En ese sentido, las FARC podrían entrar en una fase de descomposición acelerada, no sólo en términos de su unidad como organización, sino también en términos del reforzamiento de una cultura mafiosa. Esta situación no debería llenarnos de júbilo, pues una guerrilla descompuesta y fragmentada no será precisamente mucho más fácil de combatir. Lo ocurrido con los antiguos combatientes de América central que hoy conforman esas bandas armadas llamadas “Maras”, presentes incluso en los Estados Unidos, es una prueba de ello. También lo es, lo sucedido con la descomposición de los dos grandes carteles de la droga colombianos, el de Medellín y el de Cali, que dieron lugar a una miríada de cartelitos, no menos mafiosos, ni menos poderosos. Y qué decir de las cuadrillas de cuatreros y de bandoleros al final del período de la Violencia, que se perpetuaron durante un tiempo y que fueron muchas veces la base de nuevos grupos armados?

Lo más preocupante de esta fase de descomposición de las FARC es la manera como ella va a ser percibida por la opinión pública. Sin duda, una gran mayoría de los colombianos va a quedar persuadida de la posibilidad de una victoria militar total sobre las FARC. Y ese estado de ánimo puede llevarnos a ignorar una oportunidad única: la de ofrecerle a los combatientes de esa guerrilla, una “salida digna” de la guerra. Es justamente ahora, cuando hay signos evidentes de debilitamiento de las FARC, que esa oferta tiene sentido. Es en este momento que muchos guerrilleros podrían acogerse a ella, especialmente los más politizados (los cuales aún existen, aunque se piense que las FARC hace mucho que perdieron toda tipo de ideología).

El problema es que “la salida digna” no consiste simplemente en estimular la deserción. Es probable que por temor, o atendiendo al llamado de otros guerrilleros desmovilizados, ocurran unas cuantas desbandadas. Pero la deserción no es una decisión fácil de tomar para ningún guerrillero. No sólo por los riesgos personales, pues, como bien se sabe, las FARC son una organización que castiga fuertemente a los desertores. También por lo que ella significa en términos de la ruptura de una trayectoria biográfica a la cual cada guerrillero ha intentado darle un sentido subjetivo. No es sencillo para muchos hombres y mujeres de extracción esencialmente rural, que por una u otra razón se han convencido de luchar por una causa justa, incorporarse a la vida civil, sintiendo que el gobierno y la sociedad los designa simplemente como terroristas y delincuentes. Estos señalamientos hacia los guerrilleros desmovilizados son una de las pruebas más duras para los que deciden abandonar las armas.

El riesgo que se corre ahora no es sólo el de la consolidación de una organización mafiosa, sino también el de la radicalización de la guerrilla mediante una oleada de actos terroristas. En ese sentido, son inquietantes las múltiples incautaciones de explosivos que las Fuerzas Armadas han venido realizando últimamente tanto en zonas rurales, como en las urbes. Si en esta coyuntura el gobierno y la sociedad no logran presentar a los combatientes de la guerrilla una “salida digna” de la guerra, es muy probable que aquéllos que no logren desertar, se queden atrapados en una organización en plena descomposición.

Una pregunta esta de moda entre unos de los hyperpresidentes del mundo: ¿Cómo quedarme en el poder sin violar la Constitución de mi país, que no permite la doble reelección del presidente?

A esta pregunta, Vladimir Putin encontró una respuesta. Se hizo nombrar por el parlamento ruso al puesto de Primer Ministro de Rusia. La votación pasó sin sorpresa, el pasado 8 de mayo; Putin era el único candidato. El ex-presidente, ahora jefe del gobierno, “tendrá un papel muy importante”, como lo confeso su delfín, títere y sucesor en la presidencia de Rusia, Dimitri Medvedev. “Nuestra colaboración se reforzará”, añadió.

Lo que, al parecer, se olvidaron, es que la misma Constitución le da claramente el poder al jefe del Estado, y no del gobierno. El presidente es el que determina la política exterior, que manda en los ministerios del ejercito y del interior, que nombra gobernadores y el presidente de la corte constitucional y, last but not least, puede destituir al primer ministro y la cámara.

Antes de dejar la presidencia, Putin ya operó a un traslado progresivo de los poderes presidenciales hacia el gobierno. El firmó dos decretos que pusieron las autoridades regionales debajo del mando del gobierno. De ahora en adelante, es el gobierno – y su jefe, el primer ministro – y no el presidente, quien se encargará de supervisar y evaluar los gobernadores y los alcaldes.

Se prevé entonces que, poco a poco, se desbaratará la Constitución para atribuir siempre más poderes al Primer Ministro, el presidente quedándose, al fin, como la Reina de Inglaterra. Todos saben quien mandará en el tandem a la cabeza de Rusia. Hasta los mismos rusos, usualmente poco clarividentes al respecto de su política interior, no lo dudan. Según una encuesta de opinión, el 60% de los rusos piensan que el primer ministro será el que controlará al presidente…

El día de la entrega de poderes, Vladimir Putin si le paso a Dimitri Medvedev “la ficha presidencial”, una medalla, encarnación del poder, que representa el águila bicéfala y la cruz ortodoxa. Pero ese día, se quedo con el bolígrafo, que había recibido de su predecesor, Boris Eltsine, en 2000. Es con éste bolí que se firman los documentos importantes en Rusia.

Charlotte de Beauvoir